Mayor margen para la inclusión social de las personas que viven con discapacidad.

Ciudad de México

• Para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de condiciones y a vivir en comunidad, es necesario adoptar medidas para otorgarles servicios de asistencia domiciliaria, residencial y de apoyo a fin de facilitar su existencia e inclusión en la comunidad.

En México, más de 6 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad y aun cuando cuentan con la protección de la ley, en su día a día enfrentan situaciones de vulnerabilidad y discriminación, por lo que es necesario formular protocolos de atención para garantizar su pleno derecho a la inclusión social y a la no revictimización.

Así lo expresó la diputada Elizabeth Mateos Hernández, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, al destacar la urgente necesidad de reformar la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México, en materia de dignificación a las personas con discapacidad.

Aún cuando se reconoce a las personas con discapacidad el derecho de igualdad de condiciones y a vivir en comunidad, la legisladora destacó la necesidad de adoptar medidas pertinentes para facilitar el pleno goce de derechos, al otorgarles servicios de asistencia domiciliaria, residencial y de apoyo de la comunidad, incluyendo la asistencia personal para facilitar su existencia e inclusión en la comunidad.

“La ausencia de protocolos de sensibilización al aplicar la ley, provoca que quienes padecen algún tipo de discapacidad notoria y permanente, sean doblemente vulnerables ante situaciones en las cuales, por ejemplo, les solicitan documentos extras a los que realmente puedan ser necesarios para realizar un trámite o un registro”, explicó Mateos Hernández.

Con la propuesta de reforma a los artículos 3, fracción V y 12 y la adición de un párrafo cuarto al artículo 14, fracción IV, de la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad local, dijo, buscamos generar condiciones de mayor inclusión social, al facilitar su acceso al pleno ejercicio de sus derechos siempre “evitando la revictimización cuando la discapacidad sea física o motora, sensorial, intelectual o psíquica”.

Es por ello que dicha Iniciativa tiene por objeto, entre otros, establecer una excepción a los requisitos para la tramitación de la credencial de las personas con discapacidad, cuando la misma resulte notoria, evidente y permanente.

Extralimitarse en la solicitud a personas con discapacidad de documentos para realizar un trámite, más allá de beneficiarles, puede constituirse como conducta o acciones limitativas y, por ende, crear escenarios que rayan en la discriminación, concluyó.}